La Asociación Malagueña de Jugadores de Azar en Rehabilitación (Amalajer) hizo un llamado de atención respecto a la falta de controles que permiten a los menores apostar, señalando que podría desencadenar una adicción cuyos efectos se manifiestan a largo plazo.
Orientación y apoyo en ludopatía
Amalajer es organización sin ánimo de lucro con sede en Málaga, España. Su objetivo principal es brindar apoyo y orientación a personas con problemas de ludopatía, así como a sus familias. Además, Amalajer trabaja en la sensibilización social sobre los riesgos asociados al juego de azar, especialmente en la protección de menores y colectivos vulnerables, promoviendo controles más estrictos y fomentando una legislación más rigurosa en esta área. Su financiación proviene de la Consejería de Igualdad y Bienestar Social con presupuestos destinados a los tratamientos para jugadores patológicos y sus familiares, además de contar con el apoyo de voluntarios e instituciones.
Combatiendo el juego problemático
La asociación ha encendido las alarmas, advirtiendo un incremento en acceso a juegos de máquinas de juego electrónico/tragamonedas es hostelería, los juegos premio inmediato y salones de juego, destacándolo como un factor clave en el desarrollo temprano de la adicción. Según , es una problemática que exige una acción más firme de los organismos reguladores de las apuestas en línea y presenciales.
Según los datos de la asociación, los jugadores que se encuentran en el rango de edad entre los 20 y 40 años comenzaron a jugar a siendo menores de edad, además el 20% por ciento de los adictos buscan ayuda son mujeres. Según los expertos, es difícil de detectar hasta que los efectos son graves, y a menudo son los familiares quienes identifican el problema.
Amalajer ha registrado más de 225 expedientes en el último año, de los cuales 140 continuaron su tratamiento. Estos números reflejan la magnitud del problema y destacan la importancia de políticas más estrictas para combatir la ludopatía. Usualmente los procesos de rehabilitación tardan alrededor de 2 años con sesiones de dos horas a la semana.
Decreto anti-ludopatía.
La legislación existe, pero su cumplimiento es insuficiente. De hecho, el que entró en vigor en septiembre de 2023 y fue modificado en marzo de 2024 establece medidas para proteger a los jugadores vulnerables, incluyendo a los jóvenes entre 18 y 25 años en todo el territorio español.
10 claves del Real Decreto que no se pueden ignorar:
- Prohibición del uso de tarjetas de crédito para jugadores intensivos y de riesgo. Se considera jugador intensivo a quien pierde más de 600 euros semanales durante tres semanas consecutivas, o 200 euros en el caso de jugadores jóvenes (menores de 25 años).
- Obligación de establecer límites de tiempo y dinero antes de iniciar una sesión de juego.
- Envío de mensajes informativos obligatorios cada 60 minutos durante la sesión de juego, con datos sobre tiempo jugado, cantidades apostadas y pérdidas netas.
- Prohibición de mensajes engañosos como “casi acertaste” o “estuviste cerca” que puedan incitar a seguir jugando.
- Información obligatoria sobre premios superiores a 5.000 euros
- Protección especial para jugadores jóvenes (18-25 años), incluyendo restricciones en promociones y mensajes específicos sobre riesgos.
- Designación obligatoria de una persona responsable del juego seguro en cada operador.
- Establecimiento de un teléfono de asistencia gratuito para jugadores con problemas.
- Prohibición de incluir a jugadores vulnerables en programas VIP o de fidelización.
- Implementación de sistemas de detección de comportamientos de riesgo por parte de los operadores.
Estas medidas buscan proteger a los jugadores vulnerables, especialmente a los jóvenes, y promover un entorno de juego más responsable y seguro. A pesar de que el marco legal establece medidas claras para prevenir el acceso de los menores a actividades de juego de azar, la falta de supervisión y de sanciones adecuadas ha permitido que estas normativas sean vulneradas.
Las estadísticas sobre el aumento de jugadores jóvenes en rehabilitación evidencian la gravedad del problema, subrayando la necesidad de una intervención más efectiva. El Real Decreto 176/2023 pretende proteger a la población vulnerable, pero su éxito dependerá de una vigilancia constante y un enfoque colaborativo entre gobierno, operadores y consumidores.